Salud: ¿derecho o ficción?

En días pasados se desarrolló en Bogotá el foro deliberativo “La salud, derecho fundamental 22 años después de la Constitución de 1991”, en el que tuve la oportunidad de moderar un par de paneles con la presencia del ministro de Salud y el superintendente Nacional de Salud en uno, y del presidente de la Federación Médica Colombiana y representantes de asociaciones de usuarios del sistema de salud colombiano, en otro, procurando analizar la actual realidad del derecho a la salud frente a lo que se expresa en la Carta Magna del año 1991 y lo que se vive en el día a día en el sistema de salud colombiano.

En dicho escenario se dejó claro que el derecho a la salud se encuentra consagrado en la actual Constitución Política, así como también en lo que se ha denominado bloque de constitucionalidad, conformado inclusive por una serie de instrumentos jurídicos internacionales que ya hacen parte de la normatividad vigente en Colombia. De igual forma, se encuentra desarrollado  en un sinnúmero de disposiciones de origen legal y reglamentario, especialmente a través de marcos legales sectoriales definidos en reformas establecidas para el sector salud y el sistema general de seguridad social en salud.

Está suficientemente normado, pues, que en el actual modelo de aseguramiento en salud en Colombia, unas agencias a las que se les han entregado en administración los recursos públicos del sistema deben garantizarles a sus afiliados –tanto en el régimen contributivo como subsidiado– la protección y la promoción de la salud, el diagnóstico oportuno de las enfermedades, su tratamiento y la rehabilitación correspondiente, si a ella hubiese lugar. En ese orden de ideas, todos los usuarios del sistema deberían tener acceso de manera expedita y efectiva a los diferentes contenidos del plan de beneficios que incluye atenciones, procedimientos, intervenciones, medicamentos y dispositivos.

Sin embargo, en el foro precitado se demostró que hoy persisten graves restricciones para que estos usuarios puedan beneficiarse de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que deben garantizarles a ellos las agencias del aseguramiento de uno y otro régimen, que todavía la tutela sigue siendo la única vía para que muchos puedan recibir los servicios de salud que requieren, que los usuarios siguen teniendo ‘alma de peregrino’ y que su derecho a recibir los servicios que requieren depende de lo que al respecto dispongan las entidades que administran los recursos de sistema, convirtiéndose así estas entidades en determinadores de la vida y la salud de esos usuarios.

Definitivamente, las pretensiones del constituyente y del legislador, así como del mismo ejecutivo, no han sido suficientes para garantizar el derecho a la salud en condiciones óptimas  de oportunidad, calidad y eficiencia, violándose sistemática y reiteradamente, lo que se evidencia en las barreras de acceso a los beneficios definidos como derecho para los usuarios del sistema.
Al final, desafortunadamente, la conclusión del foro fue que 22 años después de la Constitución de 1991 no hay muchos argumentos que puedan controvertir que para los ciudadanos de este país el derecho fundamental de la salud, en la práctica de la vida diaria sigue estando más cerca de ser una ficción y un mero discurso, que un derecho efectivamente reconocido y respetado.

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