Dura advertencia por riesgo que corren recursos del régimen subsidiado

Según la Contraloría, el 37 por ciento de los afiliados al sistema de salud no está siendo atendido.

Ulahy Beltrán, asesor en salud de la contralora Sandra Morelli, aseguró que el ente de control les dirigió una función de advertencia al Ministro de Salud, al Superintendente Nacional de Salud, a los entes territoriales, a las EPS del régimen subsidiado y al operador fiduciario del Fosyga “por el riesgo que están corriendo los recursos que financian dicho régimen, por irregularidades que vienen ocurriendo en sus bases de datos de afiliados”.

Según Beltrán, hay tres situaciones que generan preocupación a la Contraloría. La primera es el indebido manejo de las bases, que ocurre cuando las EPS del subsidiado cargan los datos de los usuarios a la BDUA del Fosyga y los retiran antes de que los entes territoriales hagan las respectivas validaciones.

La segunda es el uso indebido de recursos públicos, toda vez que en un mismo periodo varía el número de usuarios, sin justificación y sin la respectiva comprobación.

La tercera son los pagos a las EPS, con recursos del sistema, de usuarios que fueron cargados en la BDUA el primer día habilitado para tal fin, y que se descargan antes de que se validen; estos afiliados permanecen en las bases de datos entre 8 y 20 días. Deberían estar todo el año.

Por ello, Morelli requirió que en un plazo de diez días, tras recibida esa función de advertencia, el Ministerio y la Supersalud le informen “qué medidas están siendo o serán implementadas”.

Más carnés que cobertura

En el país se habla de grandes logros en cobertura en salud, pues cerca de 41 millones de colombianos tienen un carné que los acredita como integrantes del sistema de aseguramiento, el cual solo tenía 15,7 por ciento de la población cobijada en 1990 y 58 por ciento en 1997.

No obstante, según denuncia la Contraloría General, “el 37 por ciento de los afiliados no es atendido durante el año en ninguno de los servicios de salud, y entre los más pobres esa ausencia de atención sube al 57 por ciento”.

Servicios no prestados, exámenes y ayudas diagnósticas no realizadas, medicamentos no suministrados, disentimiento de la solicitud del usuario por demoras en la atención son algunas de las razones de dicha cifra, que llevó al organismo de control a solicitar que valore el servicio por la atención, mas no por el aseguramiento.

Pese a la no prestación del vital servicio, según halló la Contraloría, el gasto público no mengua. El ente de vigilancia destacó que mientras en 1996 la participación del gasto público en salud era de apenas 0,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en el 2011 ya estaba en 6,4 por ciento.

Según la Contraloría, como producto de hallazgos fiscales y beneficios del proceso auditor, entre 2010 y 2013 se produjeron hallazgos, recuperaciones y ahorros por cinco billones de pesos, monto que incluye el caso de Saludcoop, donde se busca el retorno, a favor del sistema de salud, de la plata que se desvió en inversiones que nada tenían que ver con la financiación de este servicio.

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