El paciente es el mayor reto en salud

La Ley 100 de 1993 cambió el sistema de salud en Colombia, pasando de un modelo centrado en la oferta a uno en la demanda, donde cada institución prestadora de servicios recibe un pago determinado por las actividades que realiza.

El pago de servicios lo realizan las empresas aseguradoras o promotoras de salud como se han denominado a estas. El gran logro del cambio fue el incremento de la cobertura, pasando de un 24 por ciento en 1993 al 90 por ciento en 2012, según la encuesta del Dane sobre Calidad de Vida correspondiente a ese año.

Actualmente las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son el núcleo del sistema y por sus economías de escala se desarrollaron importantes oligopolios, llegando a tal punto que 6 EPS manejan el 72 por ciento de los afiliados. Además, al no existir una prohibición real de la integración vertical se inicia un proceso de mayor concentración, grandes ineficiencias, baja calidad del servicio y por consiguiente poca innovación, nula actualización de los planes de salud y en general una baja competitividad.

Además se agudiza la ineficiencia del modelo cuando por la falta de la prestación de servicios los usuarios se ven abocados a los reclamos vía tutela, llegando a los 1,7 billones de pesos de recobros, lo que incrementa los costos y desfinancia aún más el sistema.

La reforma lo que busca es que el Gobierno vuelva a tener el control del régimen, centrando el mismo en una nueva entidad llamada Salud Mía que administrará los procesos de afiliación, hará el recaudo de las cotizaciones y gestión de los recursos, como son las transferencias a todos los agentes del sistema. En el marco de la Ley 100 algunas de estas actividades las cumplía aunque no a cabalidad el Fosyga.

Lo anterior busca reducir los gastos de intermediación, que los recursos fluyan oportunamente y creen un ambiente competitivo, que propenda por un mejor servicio. Otro de los aspectos importantes es que esta entidad realizará la administración de la información, que busca mejorar la aprobación de los servicios y disminuir los trámites que normalmente hacen los usuarios.

El Ministerio de Salud será el encargado del direccionamiento, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema, por lo que vuelve a tener preponderancia en este.

Se crean los Gestores de Servicios de Salud que remplazarán a las antiguas EPS, y sus funciones son la administración de los servicios de salud, incluidos en Mi Plan, y administración de los riesgos.

Salen de sus funciones el recaudo y administración de los recursos y sus ingresos estarán ligados a un valor por administración y resultados obtenidos.

En conclusión se propende por un modelo centralizado, en donde el Gobierno tenga el control, esperando una mayor equidad en la prestación de los servicios e incrementando la eficiencia del sistema, ya que el actual esquema presenta problemas importantes de financiación, adeudando a los prestadores recursos del orden de los 4,9 billones de pesos, que limita sus operaciones diarias.

Sin importar el modelo, lo realmente interesante es lograr una verdadera gestión que mantenga la competitividad del sector y Colombia continúe presentando el 42 por ciento de las mejores 45 instituciones prestadoras de servicios de salud en Latinoamérica

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