El nuevo sistema de salud no tiene claras las cuentas

Esta semana comenzaron de nuevo en el Congreso los debates a la reforma de la salud. Uno de los temas que más preocupa a los actores del sector, y en general al país, es cómo se financiará el modelo que propone y cómo se pagarán las deudas que se tienen con EPS e IPS, que ascienden, según las cuentas más bajas a 11,7 billones de pesos y más altas a 14 billones de pesos.

“Este tema es de vital importancia en la medida en que podría definir la viabilidad de la reforma propuesta. Infortunadamente no existe claridad en relación con las cifras y las fuentes de recursos actuales que permitan soportar la nueva operación propuesta y financiar de manera adecuada los beneficios en salud que serán exigibles de manera inmediata”, señaló en días pasados en una carta el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas, Acemi, Jaime Arias.

La misiva fue enviada a mediados de septiembre al presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, con en el fin de solicitarle que los debates a la reforma abordaran “el tema financiero” por la implicación que tiene. 

Acemi calcula que el gasto anual en salud superará los 6 billones de pesos, por dos razones: la aplicación de lo contemplado en la Ley Estatutaria (aplaude que permitirá la garantía del derecho) y las propuestas del proyecto en curso, como son pagos por una sola vez para dejar saneado el sistema, la ampliación del POS, los costos de la incorporación de 250.000 trabajadores a la red pública y la creación de Salud Mía.

“Como la reforma tributaria de la Ley 1607 de 2012 eliminó las contribuciones de nómina en cerca de 6 billones de pesos, la financiación adicional de los faltantes en el Régimen Contributivo y los nuevos gastos deberían ser garantizados por el Presupuesto General de la Nación”, señala Arias en la carta.

HACIENDA RESPONDE INQUIETUDES 

En conjunto, los senadores de la Comisión Séptima del Senado, días antes de la carta en mención, preguntaron al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, precisamente sobre este tema, e igual hizo por su lado uno de ellos, el senador Jorge Eliécer Ballesteros.

El ministro les reconoció a unos y a otros que algunas de las cuentas no están presupuestadas, como es el caso de la ampliación del plan de beneficios y la capacitación de residentes;también que el nuevo modelo implicará que se den grandes cambios de operación del sistema, porque la crisis que hoy vive el sector tiene relación directa con los altos costos de operación y la ineficiencia en la gestión.

Dijo que “el Sistema General de Seguridad Social, sin reforma, se encuentra financiado” con cargo a los recursos de la Nación en el caso del Régimen Subsidiado. De hecho, señaló, “la participación de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación en el Régimen Subsidiado ha pasado de representar cerca de 0,8 billones en 2011 a 2,6 billones en 2012, y se estima que ascienda a 3,5 billones en 2014, en un escenario sujeto a variación. Con estos recursos se viabilizó la igualación del Plan Obligatorio de Salud de los dos regímenes, Contributivo y Subsidiado”.

No ocurre lo mismo, explicó el ministro, con la propuesta que tiene el proyecto de reforma de modificar el plan de beneficios, porque pasaría de ser un plan acotado, como el actual, a un plan que suministraría todas las tecnologías y servicios de salud. Eso significaría que se tendría que incrementar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) “para los dos regímenes y un efecto fiscal para la Nación en el caso del Régimen Subsidiado”. 

Según el análisis del Ministerio, se estima un impacto fiscal adicional para la Nación de 1,5 a 2 billones de pesos para el 2016 para implementar este nuevo plan, lo cual plantea “grandes desafíos para asegurar su financiamiento”.

En ese sentido el ministro anticipó que se tendrán que adoptar medidas orientadas a incrementar la eficiencia en la asignación y flujo de los recursos, regular los determinantes del gasto (como son el control de precios y tarifas, inclusiones de tecnologías costo-efectivas, guías y protocolos), corregir distorsiones de mercadeo, disminuir los niveles de evasión y elusión de las contribuciones parafiscales que financian el sistema e identificar nuevas fuentes de financiación, entre otras. Además recordó que la Corte Constitucional señaló que la configuración del servicio público en salud debe tener en cuenta los recursos disponibles del Estado.

El Ministro reconoció además que los recursos actuales destinados a la formación de residentes en áreas prioritarias de la salud (por valor de 15.000 millones de pesos) “serían insufiencies para atender la propuesta que se plantea” en el proyecto de ley. También que su cartera y el Ministerio de Salud y Protección Social están analizando los costos de la creación del fondo único Salud Mía, que incialmente contará con los recursos de Fosyga. 

Finalmente, señaló que se requiere adoptar medidas de fondo que logren una red pública hospitalaria en la que los costos de funcionamiento sean respaldados con sus ingresos operacionales por venta de servicios (eventualmente con recursos del Sistema General de Participaciones para la Salud). Esos costos de funcionamiento incluyen la formalización de los trabajadores que, según cálculos del Gobierno, podría ascender a 600 mil millones de pesos anuales.

*Programa independiente de seguimiento al sector salud en Colombia.

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