Quiebra de la salud: ¿otra crisis que socializará pérdidas?

Por el relato de la crisis de la salud que hace el ministro del ramo, Alejandro Gaviria Uribe, se colige que en la quiebra del sector hay hechos presuntamente delictivos, como los abusivos recobros por medicamentos y servicios al Fosyga, que tendrían que ser analizados y sancionados por la Justicia.

Espacio también habría para la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, por las conductas presuntamente omisivas o cómplices de funcionarios que no fueron diligentes en sus tareas.

La quiebra está cantada y lo que vienen ahora son los sacrificios. Las clínicas y hospitales, según lo dicho por el Minsalud Gaviria, no recuperarán hasta el último centavo de los 14,4 billones de pesos que les reclaman como deudas a EPS públicas y privadas, aseguradoras, el Fosyga y los entes territoriales. El senador Gabriel Zapata Correa dice que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, también ha dado ese mensaje a un Legislativo que no quiere cargar con el costo político que ello supone.

 Por ese motivo, los congresistas le han expresado al Gobierno Nacional que para darle vía libre a la reforma de la salud, el Minhacienda, en persona, les debe presentar en una próxima plenaria del Senado la solución para esa billonaria cartera que es impagable. A los mecanismos existentes (ver documento en www.elcolombiano.com) se agregaría una especie de “Fogafin” para el sector salud, cuya creación se contempla en el proyecto de reforma ordinaria que está en la Cámara Alta.

“Que el Gobierno responda por esa cartera”, manifiesta Zapata Correa, quien, advierte que como no hay forma de pagar ese dinero con cargo al Presupuesto Nacional, se tendría que acudir a los Títulos de Tesorería (TES). Esta sería una forma de pagar una deuda generando una nueva, pero con la diferencia de que esta última, los TES, terminarían pagándolos todos los colombianos.

El senador enfatiza que las IPS tendrían que renunciar por lo menos al 30 por ciento de sus deudas, “porque si no es así, no hay plata para pagar semejante obligación”. Como varias IPS son públicas, ese proceso tendrían que acompañarlo la Procuraduría y la Contraloría.

La carta de Cárdenas

Si el Presupuesto Nacional no alcanza para pagar lo que ya se debe, ¿qué pasará con el mayor gasto público que generarán las reformas estatutaria y ordinaria de la salud?

La respuesta parece obvia, pero lo mejor es remitirse a la respuesta que el Minhacienda le dio a una solicitud que le hizo el senador Jorge Eliécer Ballesteros, para que se pronunciara, de fondo, sobre la viabilidad fiscal y financiera de la reforma de la salud (ver nuestra página de internet).

He aquí algunos datos relevantes. En los últimos años el Gobierno Nacional ha tenido que complementar los ingresos operacionales de las Empresas Sociales del Estado (ESE) con 3,5 billones de pesos (constantes de 2013), en parte por los problemas en el flujo de los recursos, pero también por sus altos costos de estas entidades.

Formalizar a los trabajadores de los hospitales públicos costaría 600.000 millones anuales, que excepcionalmente saldrían del Sistema General de Participaciones para Salud.

Cofinanciar a los 4.000 residentes de IPS públicas que cursan programas de especialización clínica podría costar, en el escenario más alto, 78.156 millones de pesos y los recursos actuales para esas becas suman 15.000 millones; para el mediano plazo no hay estimados aumentos y, en consecuencia, habría que señalar las fuentes que soportarían ese programa.

La incertidumbre sobre las “pequeñas cosas” -entre las que se incluirían los costos de funcionamiento de Salud Mía- también cobija las más grandes. El Ministro afirmó que la financiación de la igualación del Plan Obligatorio de Salud en los regímenes contributivo y subsidiado está prevista en el marco fiscal de mediano plazo. Sin embargo, demanda mayor análisis el plan de beneficios, que suministraría todas las tecnologías y servicios de salud disponibles en el país, salvo las exclusiones que se hagan explícitas.

El régimen contributivo también se verá enfrentado “a nuevas necesidades de financiamiento”, que no irán con cargo al Presupuesto Nacional, sino a los trabajadores y empleados que son los paganinis.

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