Sobran los argumentos para liquidar a Caprecom

Tiene 71 procesos sancionatorios en su contra y 473 documentos relacionados con irregularidades en el servicio a cárceles.

El viernes pasado, al despacho del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, llegó una carta firmada por el superintendente de Salud, Gustavo Morales, en la que le pedía que citara a una “sesión extraordinaria” de la junta directiva de la EPS Caprecom “en la fecha más próxima posible”. Señala, además, que “por la importancia del asunto a tratar, estimo necesario que asistan los tres ministros que hacen parte de la junta (Salud, Trabajo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).

El llamado de urgencia tiene una explicación fundamental: desde 2010 la EPS del Estado, que atiende a 3,3 millones de afiliados, incumple todos los requisitos mínimos financieros que se les exige a estas empresas para seguir funcionando. Y esto sin mencionar los indicadores en atención en salud que, según un informe conocido por El Espectador, muestran “un estado de riesgo alto”. En otras palabras, todo apunta a que la única salida para esta EPS es la liquidación.


Precisamente el estado tan crítico en el que se encuentra la EPS llevó a que la propia presidencia se le adelantara a la petición del superintendente de Salud y citara a una reunión de urgencia que se celebró ayer a las 3:00 p.m. en la Casa de Nariño. En ese encuentro se socializó el informe técnico de seguimiento a Caprecom, al que tuvo acceso este diario, en el que sobran los argumentos para la liquidación de la EPS, sobre la que cursan 71 procesos sancionatorios (principalmente por fallas en la prestación del servicio, la negativa a entregar información sobre investigaciones y la negación de procedimientos y medicamentos incluidos en el plan de beneficios).

Para empezar por la parte financiera, todas las cifras están en rojo: la EPS les debe $1,4 billones a sus proveedores (mientras las deudas que tienen otros con ella suman $784 mil millones) y tiene un saldo negativo de $472 mil millones en su patrimonio.
Sobre los indicadores de salud, los hallazgos son concluyentes: en los servicios de baja complejidad de medicina general y odontología, la EPS tiene cobertura apenas en 10% de los municipios y en servicios de especialidades básicas (pediatría, cirugía general, medicina interna y ginecobstetricia) sólo cubre cerca del 8% de los municipios.

En 2011 el 81% de las actividades de atención y detección temprana que realizó la EPS fueron calificadas como “muy deficientes” o “deficientes”, y sólo el 19% como “aceptables y óptimas”. Las peores calificaciones estuvieron en atención del parto, consulta de control del recién nacido y en detección temprana de la sífilis gestacional.

Misteriosamente, en 2012 hubo un cambio radical, que el informe atribuye a una “situación que permite presumir inconsistencias en la información reportada al Ministerio de Salud”. Mientras la EPS aseguró que el 69% de los indicadores eran óptimos, los reportes de las alcaldías y gobernaciones mostraron que el 70% de las actividades de salud pública de la EPS eran deficientes.
Algunos de los indicadores son realmente preocupantes: en 2012 la EPS presentó una tasa de mortalidad materna de 166,69 por cada 100.000 nacidos vivos, cuando la línea base para 2009 que había fijado el Ministerio de Salud era de 72,9 por cada 100.000 nacidos vivos. En el primer semestre del año se reportaron 47 casos de mortalidad materna y actualmente la EPS tiene en curso quince procesos de investigación preliminar por estos hechos. Estas cifras ubican a Caprecom en el primer puesto de las EPS que más “aportan casos de muerte materna en Colombia”, seguida por Saludcoop y Mutual Ser.

Sobre la atención en cárceles, que ha sido el talón de aquiles de Caprecom, el informe señala que “se encuentra en curso el trámite de 473 documentos relacionados con irregularidades en la prestación del servicio de salud”. Además, se ha ordenado el cierre temporal de servicios o el decomiso de medicamentos e insumos de 24 sedes de clínicas y hospitales en centros de reclusión.
Sobran los argumentos para la liquidación de la EPS. Gustavo Morales, superintendente de Salud, reconoce que “Caprecom viene incumpliendo los requisitos de permanencia desde hace tres años, es un altísimo riesgo para los usuarios que esa situación permanezca en el tiempo”. La decisión está en manos del mismo Gobierno, que es su propietario. Al parecer una de las principales trabas para ordenar su liquidación ha sido el futuro de 329.877 afiliados que viven en zonas en las que ninguna otra EPS tiene cobertura, principalmente en San Andrés, Guainía y Guaviare.

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